El debate por el rumbo de las pol\u00edticas de derechos humanos en Chile llegar\u00e1 a Washington. Este mi\u00e9rcoles, cuatro organizaciones chilenas presentar\u00e1n ante la CIDH un informe que acusa retrocesos y \"desmantelamiento\" institucional durante el gobierno de Jos\u00e9 Antonio Kast, mientras La Moneda prepara sus descargos con los que buscar\u00e1 demostrar sus avances en la materia.<\/p>", "keywords": [ "ANEF", "C\u00e9sar Manr\u00edquez Bravo", "Colonia Dignidad", "Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos", "derechos humanos Chile", "derechos humanos CIDH", "derechos humanos CIDH seguimiento", "Derechos Humanos Dictadura", "derechos humanos gobierno Kast", "derechos humanos presupuesto", "derechos humanos vulnerados", "Fernando Rabat", "indultos pasivos", "Jos\u00e9 Antonio Kast", "Memoria Hist\u00f3rica", "organizaciones chilenas", "Paulina Zamorano", "Plan Nacional de B\u00fasqueda", "Programa de Derechos Humanos", "Pueblos Ind\u00edgenas Bienes Nacionales", "recortes presupuestarios", "retroceso derechos humanos", "Unidad de Derechos Humanos" ], "articleSection": "nacional", "articleBody": "
No ser\u00e1 solo una exposici\u00f3n. Este mi\u00e9rcoles, cuatro organizaciones chilenas llegar\u00e1n hasta la sede de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos <\/a>(CIDH), en Washington, con un objetivo claro: demostrar al organismo que en Chile existe un proceso de retroceso en materia de derechos humanos y justicia transicional desde la llegada de Jos\u00e9 Antonio Kast, que amerita un seguimiento internacional.<\/p>\n Seg\u00fan pudo conocer BioBioChile, la presentaci\u00f3n re\u00fane antecedentes, cita documentos oficiales, fallos judiciales e incluso reportajes, para sostener que, desde la instalaci\u00f3n del actual gobierno, se ha producido un “desmantelamiento” de instituciones y pol\u00edticas p\u00fablicas construidas durante d\u00e9cadas.<\/p>\n La delegaci\u00f3n chilena, compuesta por la Red de Observadoras en Justicia y Memoria; Londres 38, espacio de memorias; la Agrupaci\u00f3n por la Memoria Hist\u00f3rica Providencia Antofagasta, la Asociaci\u00f3n por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad y la ANEF, presentar\u00e1 el diagn\u00f3stico elaborado respecto a lo que califican como un retroceso estructural del Estado.<\/p>\n Pero el objetivo va m\u00e1s all\u00e1 de denunciar. Buscar\u00e1n que la CIDH mantenga el caso bajo observaci\u00f3n y solicite explicaciones al Estado chileno<\/strong> respecto de las decisiones adoptadas durante los primeros meses del actual Gobierno.<\/p>\n Las audiencias tem\u00e1ticas de la CIDH constituyen uno de los principales mecanismos mediante los cuales organizaciones sociales y los Estados exponen situaciones que consideran relevantes para la protecci\u00f3n de los derechos humanos en el continente.<\/p>\n Aunque la Comisi\u00f3n no adopta una resoluci\u00f3n al t\u00e9rmino de la sesi\u00f3n, los antecedentes pueden dar origen a solicitudes de informaci\u00f3n, recomendaciones o al seguimiento de determinados casos.<\/p>\n En ese marco, las cuatro agrupaciones chilenas llegar\u00e1n a la CIDH con una presentaci\u00f3n que gira en torno a cuatro grandes ejes con que buscan sostener que las decisiones adoptadas desde marzo de 2026 con la llegada del actual gobierno, no corresponden a hechos aislados, sino que forman parte de un mismo proceso de debilitamiento institucional.<\/p>\n Las organizaciones sostendr\u00e1n que distintas reparticiones especializadas del Estado han sido cerradas, reestructuradas o vaciadas de contenido, afectando la capacidad del Estado para garantizar verdad, justicia y reparaci\u00f3n. Entre los casos mencionados aparecen:<\/p>\n – Eliminaci\u00f3n de la Unidad de V\u00edctimas de Violencia Institucional de la Subsecretar\u00eda de Derechos Humanos Seg\u00fan plantean, algunas de estas decisiones ya tendr\u00edan efectos concretos. Por ejemplo, que la eliminaci\u00f3n de la Unidad de Pueblos Ind\u00edgenas dej\u00f3 cerca de 16 mil expedientes pendientes en La Araucan\u00eda y que la reestructuraci\u00f3n del Servicio Nacional de Migraciones implic\u00f3 la salida de 27 funcionarios.<\/p>\n Las organizaciones plantean que las pol\u00edticas fiscales tambi\u00e9n pueden tener efectos en derechos humanos cuando afectan programas destinados a grupos vulnerables. Por ello, cuestionar\u00e1n la revisi\u00f3n presupuestaria impulsada por el Ministerio de Hacienda para el Presupuesto 2027, ya que seg\u00fan advierten, podr\u00edan verse afectados cerca de 142 programas estatales que fueron incorporados al proceso de evaluaci\u00f3n presupuestaria.<\/p>\n Entre ellos figuran el Programa de DDHH, al Plan Nacional de B\u00fasqueda y el Programa de Reparaci\u00f3n y Atenci\u00f3n Integral en Salud (PRAIS), “lo que dejar\u00eda en la indefensi\u00f3n el acompa\u00f1amiento judicial y m\u00e9dico de las v\u00edctimas de la dictadura y sus familiares”, advierten. <\/p>\n El Estado habr\u00eda modificado su forma de actuar frente a solicitudes de beneficios penitenciarios presentadas por condenados por violaciones a los derechos humanos, al dejar de oponerse en determinados procesos judiciales.<\/span> Esto denunciar\u00e1n ante la CIDH.<\/p>\n Como respaldo, aseguran que esta situaci\u00f3n ya se habr\u00eda registrado en nueve causas<\/strong> relacionadas con cuatro condenados por cr\u00edmenes de lesa humanidad. <\/p>\n Entre los ejemplos mencionan el caso del exagente C\u00e9sar Manr\u00edquez Bravo<\/a>, recientemente liberado, que acumula decenas de condenas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Tambi\u00e9n aluden a solicitudes de cumplimiento alternativo de penas presentadas por condenados que invocan edad avanzada o enfermedades graves.<\/p>\n “En definitiva, de las 23 acciones presentadas por las defensas de los condenados por graves violaciones a los derechos humanos, el Programa de DDHH s\u00f3lo ha intervenido en 3 ocasiones, a pesar de que se tratan de agentes condenados por Operaci\u00f3n Colombo, Calle Conferencia I y II, Caso Endesa, Caso Hornos de Lonqu\u00e9n, Caso Ejecutados de Paine, Caravana de la Muerte, Caso Mulch\u00e9n, Caso Alfa Carb\u00f3n, entre otros, debiendo el Programa de DDHH intervenir seg\u00fan su propia normativa”<\/em>, detalla el informe.<\/p>\n Las organizaciones sostienen que, al no intervenir activamente en este tipo de procedimientos, el Estado debilita su deber de garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas y abre la puerta a escenarios de impunidad. <\/p>\n Como parte de los antecedentes, el informe tambi\u00e9n incorpora el correo interno del Programa de Derechos Humanos \u2014revelado por BioBioChile\u2014 en el que su directora informa haber recibido instrucciones de “no apelar o no alegar”<\/strong> en determinadas causas, documento que las agrupaciones presentan como evidencia de un cambio de criterio al interior del Ministerio de Justicia.<\/p>\n El cuarto cap\u00edtulo estar\u00e1 dedicado a las pol\u00edticas de memoria. Las organizaciones cuestionan la decisi\u00f3n del Gobierno de no continuar con el proceso de expropiaci\u00f3n de la ex Colonia Dignidad<\/a> para transformarla en un sitio de memoria.<\/p>\n Tambi\u00e9n advierte incertidumbre sobre el financiamiento de distintos sitios de memoria, la continuidad de programas de conservaci\u00f3n patrimonial y el respaldo estatal a espacios destinados a preservar la memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.<\/p>\n “Llevar este panorama ante la CIDH en Washington es un paso cr\u00edtico. Estamos presenciando c\u00f3mo se desarma la infraestructura de derechos humanos que cost\u00f3 d\u00e9cadas instalar en Chile.<\/span> Esto no es un simple ajuste t\u00e9cnico, es una vulneraci\u00f3n directa a los compromisos de verdad, justicia y no repetici\u00f3n que el Estado debe garantizar”, se\u00f1al\u00f3 Paulina Zamorano<\/strong>, en representaci\u00f3n de las agrupaciones solicitantes. <\/p>\n La audiencia no terminar\u00e1 con la exposici\u00f3n de los antecedentes. Las organizaciones solicitar\u00e1n que la Comisi\u00f3n mantenga un seguimiento permanente sobre la situaci\u00f3n chilena<\/strong> y requiera informaci\u00f3n al Estado respecto de las medidas adoptadas en materia de derechos humanos.<\/p>\n Entre otras materias, pedir\u00e1n que la CIDH supervise la continuidad del Programa de Derechos Humanos, del Plan Nacional de B\u00fasqueda y de las pol\u00edticas de memoria; que solicite explicaciones sobre los cambios administrativos implementados; y que monitoree el impacto de los recortes presupuestarios denunciados.<\/p>\n La expectativa de las organizaciones es que, tras escuchar sus argumentos, la Comisi\u00f3n mantenga el caso bajo observaci\u00f3n y solicite informaci\u00f3n formal al Estado chileno.<\/p>\n En la audiencia tambi\u00e9n participar\u00e1 la Asociaci\u00f3n Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que expondr\u00e1 sus cuestionamientos por las desvinculaciones de funcionarios p\u00fablicos registradas desde el cambio de gobierno y por las eventuales vulneraciones a derechos laborales derivadas de esos procesos.<\/p><\/blockquote>\n Una delegaci\u00f3n chilena tambi\u00e9n presentar\u00e1 sus descargos ante la CIDH en representaci\u00f3n del Gobierno, desde donde sostienen que la presentaci\u00f3n realizada por las organizaciones contiene “errores evidentes y sesgos de informaci\u00f3n” <\/strong>y recalcan que la audiencia fue solicitada por privados, por lo que no corresponde a un procedimiento iniciado de oficio por la Comisi\u00f3n ni implica que el organismo haya validado las denuncias expuestas.<\/p>\n Pero seg\u00fan conoci\u00f3 BioBioChile, en el Ejecutivo tambi\u00e9n consideran que la instancia representa una oportunidad para exponer los avances que, a su juicio, ha impulsado el Gobierno en esta materia. <\/p>\n “Ac\u00e1 tenemos una Subsecretar\u00eda de Derechos Humanos que desde el d\u00eda uno se ha preocupado de respetar todo lo relacionado con la memoria hist\u00f3rica. Y no solo eso, ha hecho algo que no se hac\u00eda, que es ampliar el concepto de derechos humanos\u201d, dijo al respecto el ministro de Justicia, Fernando Rabat.<\/strong> <\/p>\n En ese escenario, la estrategia de la delegaci\u00f3n del Estado ser\u00e1 rebatir uno a uno los antecedentes expuestos por las organizaciones y demostrar ante la CIDH que las medidas adoptadas obedecen a decisiones administrativas y no a un desmantelamiento de la institucionalidad de derechos humanos.<\/p>\nRetrocesos en derechos humanos: acusar\u00e1n hoy al Gobierno de Kast ante la CIDH<\/h2>\n
1. Unidades de derechos humanos que fueron debilitadas o eliminadas<\/h2>\n
\n– Unidad de B\u00fasqueda de Or\u00edgenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) de la Subsecretar\u00eda de Derechos Humanos.
\n– Desmantelamiento del Programa de Derechos Humanos y Plan Nacional de B\u00fasqueda, Verdad y Justicia (PNB) de la Subsecretar\u00eda de Derechos Humanos.
\n– Retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos de Contralor\u00eda.
\n– Reducci\u00f3n y desarticulaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Verdad y Ni\u00f1ez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
\n– Reestructuraci\u00f3n y desmantelamiento del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior.
\n– Eliminaci\u00f3n de la Unidad de Pueblos Ind\u00edgenas del Ministerio de Bienes Nacionales
\n– Eliminaci\u00f3n de la Unidad de G\u00e9nero y Derechos Humanos del Ministerio de Bienes Nacionales.
\n– Debilitamiento Institucional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
\n– Otros despidos en el sector p\u00fablico, en organismos vinculados a materias de memoria, verdad, justicia y reparaci\u00f3n. <\/p>\n2. Reajustes presupuestarios<\/h2>\n
3. El cap\u00edtulo m\u00e1s sensible: los “indultos pasivos”<\/h2>\n
4. Colonia Dignidad y los sitios de memoria<\/h2>\n
Lo que pedir\u00e1n a la CIDH<\/h2>\n
La respuesta del Gobierno<\/h2>\n